Cuando un vehículo deja de ser útil y lo mandamos a ser destruido, pasa a considerarse un residuo peligroso ya que representa un riesgo para el medio ambiente. Por ello, estos residuos se deberán tratar de forma especial para evitar cualquier riesgo de contaminación y sólo tras este tratamiento se podrá clasificar un vehículo reciclado en no peligroso.
Los vehículos contienen líquidos y otros elementos como: Aceites, filtros de aceite, líquidos de frenos, refrigeración, fluidos de aire acondicionado, baterías de plomo, pretensores de cinturones de seguridad, elementos pirotécnicos en airbags, neumáticos, parachoques, parabrisas y muchos otros más, que al ser tratados inadecuadamente o almacenados en malas condiciones podrían dañar seriamente al medio ambiente y contaminar el suelo, el agua y el aire.
Normativa para proteger el medio ambiente
Para garantizar que los vehículos están correctamente almacenados y tratados hasta su destrucción final, se han establecido una serie de normas.
Estas normas tienen el objetivo de promover un sistema que garantice el control de contaminación de los vehículos al final de su vida útil y fomentar que estos se reciclen.
Cuando el propietario disponga de un vehículo que se encuentre al final de su vida útil, deberá entregarlo a un centro de reciclado autorizado.
Estos centros de reciclado cuentan con una homologación que certifica que esta instalación cumple con los nuevos requisitos de tratamiento que son más respetuosos con el medio ambiente para los vehículos. Además, las compañías deben tener una verificación anual por parte de una organización tercera acreditada. En la web desguaces.eu podrá encontrar el desguace más cercano a su domicilio, así como centros de reciclado de vehículos de toda España.
Este reglamento afecta a turismos, furgonetas, ciclomotores de tres ruedas, vehículos dañados, técnicos y/o económicamente irreparables o los vehículos viejos que son demasiado viejos para su reventa como coches de ocasión.
Sanciones por el no cumplimiento de esta normativa
Si el propietario de un vehículo en el final de su vida útil no cumple con estas disposiciones estará sujeto a las sanciones previstas, que podrían ser una pena de dos años de prisión y una multa de 75.000 euros a la persona que «entregue o haga entregar residuos a cualquier persona que no sea el explotador de una instalación autorizada».
Los titulares también pueden ser considerados responsables si sus vehículos, que no han sido confiados a una instalación que no sea centro autorizado, provocan contaminación del suelo o el agua.
